CASI 3.000 HECTÁREAS, AGUA DULCE Y 16 KILÓMETROS DE RÍO: LA PATAGONIA, EN VENTA DURANTE EL LIMBO DE LA LEY DE TIERRAS

Un campo de 2.943 hectáreas en Chubut fue promocionado para su comercialización mientras estuvo suspendida temporalmente la protección de la Ley de Tierras. La publicación apuntaba a inversores extranjeros y puso en evidencia los riesgos de convertir el territorio argentino en una oportunidad de negocios sin las restricciones que buscan protegerlo.

La Patagonia vuelve a quedar en el centro de una pregunta incómoda: ¿quién va a controlar las tierras, los ríos y las reservas de agua dulce de la Argentina en las próximas décadas?

En Alto Río Pico, en la provincia de Chubut, se ofreció un campo de 2.943 hectáreas con un lago privado, una laguna, arroyos permanentes y 16 kilómetros de costa sobre el río Pico. No se trata solamente de una extensión de tierra rural. Se trata de un territorio que reúne recursos naturales estratégicos y que fue promocionado en medio de una controversia judicial que dejó temporalmente sin efecto la protección vinculada con la Ley de Tierras.

La investigación del Observatorio de Tierras detectó que la oferta apareció durante los diez días transcurridos entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre, período en el que cambió transitoriamente el escenario judicial sobre las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

El dato es inquietante. Pero lo más preocupante no es solamente que un campo de semejantes dimensiones haya sido puesto a la venta. Es el contexto en el que ocurrió y el mensaje que se transmitía a potenciales compradores del exterior: la Patagonia como una oportunidad de inversión en tierra, bosques y agua dulce.

El agua también está en juego

La publicación de Loma Alta Propiedades, una cuenta de Instagram creada el 26 de septiembre, presentó el establecimiento como una oportunidad para invertir en la región patagónica. El anuncio del campo apareció cuatro días después y estaba redactado en inglés. El 3 de octubre, la cuenta publicó además contenido dirigido expresamente a inversores extranjeros, con argumentos sobre la escasez de tierra productiva, la disponibilidad de agua dulce y el potencial de valorización de las propiedades.

La combinación no es menor: casi 3.000 hectáreas, cuerpos de agua y kilómetros de costa sobre un río.

Mientras buena parte de la población enfrenta dificultades económicas para acceder a una vivienda o a un terreno, determinadas extensiones del territorio nacional se presentan ante el mercado internacional como activos capaces de aumentar su valor con el tiempo.

La tierra deja de aparecer como algo más que una mercancía cuando contiene recursos indispensables para la vida, la producción y el futuro de una región. El agua dulce, en particular, no puede analizarse únicamente desde la lógica del precio o la rentabilidad inmobiliaria.

¿Quién decide las condiciones de acceso a esos recursos? ¿Qué capacidad de control conserva el Estado? ¿Qué consecuencias puede tener la concentración de grandes superficies en pocas manos? Son preguntas que deberían estar en el centro del debate público, no relegadas a la letra chica de una operación comercial.

Diez días que exponen un problema mucho mayor

El caso se produjo en medio de la disputa judicial por el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras. Según la cronología reconstruida por el Observatorio, el 29 de septiembre se produjo una decisión judicial que dejó sin efecto la protección cuestionada y el 9 de octubre la Corte Suprema dispuso suspender provisionalmente los efectos de ese artículo.

Durante ese intervalo se difundió la oferta del campo chubutense.

La secuencia obliga a mirar más allá de una publicación inmobiliaria. Cuando una decisión judicial puede modificar las condiciones para la adquisición de territorios que contienen recursos estratégicos, cada cambio normativo tiene consecuencias concretas y merece un escrutinio público riguroso.

La flexibilización de las restricciones no es una discusión técnica reservada a abogados, funcionarios o corredores inmobiliarios. Es una discusión sobre el modelo de país, el manejo de los bienes naturales y los límites que una sociedad decide establecer frente a intereses económicos capaces de operar a escala internacional.

La pregunta es inevitable: ¿qué gana la Argentina si facilita la concentración y extranjerización de tierras estratégicas sin evaluar suficientemente sus consecuencias ambientales, económicas y territoriales?

Quienes defienden una apertura irrestricta suelen presentar estas operaciones bajo el lenguaje de la inversión, la libertad de mercado y las oportunidades económicas. Pero ese discurso deja afuera una cuestión esencial: el capital puede comprar una propiedad, mientras que las consecuencias de perder capacidad de control sobre un territorio pueden extenderse durante generaciones.

Una oferta que exige explicaciones

La investigación también puso bajo la lupa a Loma Alta Propiedades. Según el Observatorio, la firma no aparece inscripta con ese nombre y existen elementos que vincularían al corredor mencionado en la oferta con otra inmobiliaria de la zona, Ameghino 830 Propiedades.

La creación de esta última sociedad fue registrada en el Boletín Oficial de Chubut en octubre de 2025. Estos antecedentes forman parte de la reconstrucción del organismo, pero no prueban por sí mismos ninguna irregularidad comercial o legal.

Hay, además, una precisión fundamental: hasta el momento, la información publicada acredita que el campo fue ofrecido y que existió una campaña dirigida a potenciales inversores extranjeros. No confirma que se haya concretado una venta, que haya existido un comprador extranjero ni que se haya transferido la propiedad durante esos diez días.

Esa diferencia importa. La gravedad del caso no necesita apoyarse en una venta que no está demostrada. Alcanza con observar la coincidencia temporal entre la promoción de una propiedad con recursos hídricos estratégicos y un período de incertidumbre sobre las restricciones legales aplicables.

La ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes ofrecen estos territorios, a qué mercados se dirigen, cuáles son las condiciones de las operaciones y qué controles se aplican para garantizar el cumplimiento de la legislación.

La soberanía no puede depender de una ventana judicial

La discusión sobre la Ley de Tierras no se agota en la nacionalidad de quien compra. También involucra la concentración de la propiedad, la protección ambiental, el acceso a los recursos naturales y la capacidad del Estado para planificar el uso del territorio.

La Argentina tiene enormes extensiones y una diversidad de recursos que despiertan interés internacional. Precisamente por eso necesita reglas claras, controles efectivos y decisiones transparentes. No menos.

Si la protección de tierras estratégicas puede quedar en suspenso y, en ese breve intervalo, aparecen ofertas que buscan atraer inversores extranjeros, el problema no es solamente inmobiliario: es institucional y político.

La tierra no se fabrica. Los ríos no se multiplican por decisión de un mercado. Los ecosistemas no se recuperan automáticamente cuando una inversión deja de ser rentable.

Por eso, la pregunta final no debería ser únicamente cuánto vale un campo de casi 3.000 hectáreas en Chubut. La pregunta es cuánto vale para la sociedad argentina conservar la capacidad de decidir qué sucede con su territorio y sus recursos.

Porque cuando el agua dulce, los bosques y la tierra se presentan como activos disponibles para el mejor postor, lo que está en discusión no es solamente una compraventa. Es qué país queremos ser y qué patrimonio estamos dispuestos a dejarles a las próximas generaciones.